Bibiana Aído es la Ministra de Igualdad. Se trata de una persona de 31 años, de cuyo curriculum tengo poco conocimiento. Por eso debo suponer que ha sido elegida para ese cargo por su gran madurez, inteligencia y responsabilidad en las tareas que se ha desempeñado anteriormente.

En cualquier caso entiendo que aunque cuente con los valores propios de la juventud, sentirá un gran peso por la misión que le toca desempeñar: fomentar la igualdad entre todos los ciudadanos. La sociedad en que vivimos, junto a importantes logros sociales, no puede dejar de contemplar las importantes desigualdades que se dan en ella. Niños que no reciben educación adecuada, o que sufren el abandono físico o psicológico de sus padres, ancianos desprotegidos, mujeres maltratadas, discapacitados, personas en general que sienten en sus carnes que no tienen las mismas oportunidades que los demás para llevar una vida digna.

Debido a la grandeza de esta tarea de promover la igualdad, resultan desconcertantes, si no desalentadoras, sus últimas declaraciones. La señora ministra ha anunciado el pasado martes día 24, que “el Gobierno prepara un decreto que garantizará la confidencialidad de los datos y la seguridad jurídica para abortar”.
En un primer momento sus palabras resultan positivas para una sociedad que acepta el aborto bajo ciertas condiciones, porque parecen fomentar el estado de derecho y las garantías individuales. Sin embargo, como las palabras hay que ponerlas en su contexto, debemos también mirar a qué supuestas situaciones de indefensión jurídica o de falta de confidencialidad se refieren: ¿qué hechos demandan el decreto que se va a hacer?

Los hechos se produjeron hace unos meses cuando salió a la luz pública la información sobre los negocios y los presuntos delitos llevados a cabo por distintas empresas dedicadas a la interrupción del embarazo. Posiblemente muchos vieron con estupor y horror las imágenes de los fetos destrozados, abandonados y tratados como desperdicios. El funcionamiento de las trituradoras y aspiradoras para destruir los cuerpos de los fetos. La falsedad de las historias clínicas, de los análisis, y de los “consentimientos informados” y “exámenes sicológicos” de las mujeres que iban a abortar. Médicos firmando informes en blanco. La falta de registro de muchos abortos y el manejo de abundantes cantidades de dinero negro. La guinda fue conocer que uno de los empresarios-médicos que practicaba abortos está enfermo de sida desde hace diez años.
La vergüenza del caso es que se ha hecho público en España, no porque ahora se haya descubierto ahora, sino porque ha aparecido escandalosamente en las televisiones del Reino Unido y de Dinamarca.
Ante esta situación, ¿qué significa que el nuevo decreto garantizará la seguridad jurídica?, ¿para quién? Quizá se pretenda que la ley se cumpla y que los trasgresores sean denunciados. Sin embargo, todos sabemos que lo que está diciendo la señora ministra es todo lo contrario: que se va a modificar la ley para que lo que hasta ahora ha sido un delito sea refrendado legalmente.

¿La sociedad española demanda que todos los actos delictivos arriba mencionados seas calificados como de buena ciudadanía?
Todos debemos trabajar para que la mujer vea reconocidos todos sus derechos, pero también para que las mujeres que están en el seno de sus madres tengan algún derecho a salir adelante. Tal como lo propone la señora ministra, la vida del feto va a quedar a la libre decisión de otra persona: su madre. Es más, puede que ni siquiera eso, porque es un negocio muy lucrativo para algunas empresas que se aprovechan de los momentos de debilidad de la mujer.
Hagamos un ejercicio de contemplar la realidad tal como se da a nuestro alrededor. ¿Alguien puede pensar de verdad que las mujeres embarazadas que caminan a nuestro lado llevan en su seno una cosa, algo sin valor, un simple trozo de carne?
Mas bien los esfuerzos por la igualdad deberían dirigirse a ayudar a tantas mujeres que ven con dificultad sacar adelante su familia, por las condiciones económicas y laborales con que las oprimimos la sociedad. La señora ministra tiene mucha tarea por delante, pero no parece que esté acertando en el camino para promover la igualdad de todos los ciudadanos.

(c)2008 Francisco José Ramiro García