El veto de Tabaré Vázquez

En estas tierras estamos acostumbrados a que, en las votaciones que se llevan a cabo con la participación de los partidos políticos, la decisión sobre el voto la tome el partido. Al final suele ocurrir que uno –o diez-, deciden la voluntad de ciento cincuenta.

Este comportamiento es lógico en muchas circunstancias porque los asuntos a decidir pueden ser muy especializados, o no tienen mayor entidad moral. Sin embargo, hay otros momentos en los que votar implica una responsabilidad ética importante. El que presta o deniega su consentimiento asume la responsabilidad moral sobre lo que pueda ocurrir. Si la cuestión que se debate es importante, el voto deja de ser una cuestión de trámite, para pasar a ser una cuestión de conciencia.

Se supone que en esa decisión de conciencia las directrices del partido tienen un peso importante. Ahora bien, puede haber casos en los que haya oposición entre ambas. La persona ¿debe en estos casos, seguir a su conciencia o a su partido?.

Es el caso de lo que ha ocurrido recientemente en Uruguay. El aborto en este país no es delito en los casos de violación, o de peligro para la vida de la madre. Sin embargo, los lobby del aborto –tan activos en Hispanoamérica-, habían presentado una propuesta legislativa que ampliaba de forma importante la posibilidad de abortar, desde la perspectiva del aborto como un derecho.
La defensa de esta propuesta corría a cargo de la mayoría gobernante del Frente Amplio, cuyo presidente es el mismo de la nación: Tabaré Vázquez. Éste, médico de profesión, ya había anunciado que caso de aprobarse esta ley, la vetaría.

La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, tras una sesión maratoniana de 15 horas, y por una diferencia de un voto -49 frente a 48-. El pasado 11 de noviembre dio también su aquiescencia el Senado. La ley fue remitida al presidente Vázquez para que la firmase, y éste la vetó dos días después.

El presidente explicó su decisión en una carta remitida a la Asamblea General, en la que argumenta con “razones de constitucionalidad y de conveniencia”.

Las razones de constitucionalidad se refieren en primer lugar a la propia constitución uruguaya que contiene normas incompatibles con la ley propuesta. Pero además, recuerda el mandatario, Uruguay ha suscrito tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño, que protegen la vida humana desde el momento de la concepción.
Por otra parte, el común sentir de la gente es que “el aborto es un mal social que debe evitarse”. Además, su despenalización resulta contraproducente: “En los Estados Unidos –dice- en los primeros diez años se triplicó, y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España”.
Recurre también a la evidencia científica cada vez más contrastada de que “desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”. Pasa a mencionar la deontología de la profesión médica que se basa en “actuar a favor de la vida y de la integridad física”. La ley propuesta, al considerar el aborto como un acto médico, contradice el fundamento de esta profesión sanitaria.

Finalmente, el razonamiento de Vázquez parece dirigirse en particular a su propio partido cuando recuerda que “se debe proteger más a los más débiles” en el entendido de que “las verdaderas causas del aborto surgen de nuestra realidad socio-económica”. Lo que ha de procurarse, entonces, es “una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías, y de esta forma salvar a los dos” (Aceprensa)

En la votación de la Asamblea General que tuvo lugar el 20 de noviembre, la proposición de ley no consiguió, como era de prever, las tres quintas partes de apoyos. De este modo la posibilidad de liberalización del aborto queda descartada por lo menos hasta 2010.

(c)2008 Francisco José Ramiro García