Anticlericalismo, Gescartera y Profesores de Religicón: Declaraciones de Monseñor Antonio María Rouco Varela en "La mañana" de COPE


COPE, 5 de septiembre de 2001:
Es imposible que el dinero que la Iglesia percibe del Estado a través de la asignación tributaria vaya a Gescartera o a algún otro instrumento de depósito parecido.

La información que se está dando parte de un principio de desinformación.

No se puede dilapidar el esfuerzo que ha costado diseñar un marco jurídico para las relaciones Iglesia-Estado.

Hay miles de profesores de Religión que ejercen su tarea con sintonía y en comunión plena con la Iglesia.

Hay grupos que quieren que desaparezca la clase de Religión de la escuela pública y eso supondría un retroceso hondo y de graves consecuencias”.

Monseñor Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha manifestado en el programa “La Mañana”, que dirige Luis Herrero en la Cadena COPE, que en relación con el caso Gescartera es imposible que ni un céntimo de ese dinero que la Iglesia recibe del Estado vaya a Gescartera a través de una institución religiosa o un centro docente, vinculado con la Iglesia. El actual sistema de ayuda del Estado a la Iglesia, que es una ayuda básicamente de facilitar que los ciudadanos declaren su intención de ayudar a la Iglesia a través del sistema fiscal, es verdad que se complementa con una cantidad adicional de los Presupuestos Generales del Estado, que se han configurado en este capítulo en una especie de sintonía con las subvenciones a las ONGs, y que tiene un origen histórico que es, precisamente, el de la desamortización. La Iglesia se queda a principios del siglo XIX desposeída de sus medios normales de sostenimiento. El Estado se hace en un primer paso con esos bienes, en un segundo paso los vende, y con el compromiso de ayudar directamente a lo que luego se llamó en la historia de los presupuestos españoles presupuesto de culto y clero. Este origen histórico está latiendo en el contexto actual del problema en España y en otros países.

Monseñor Rouco ha añadido que la información que se está dando en relación con la presencia entre los accionistas de algunas ordenes religiosas parten de un principio de desinformación, y no solo en relación con el caso del que estamos hablando, sino en relación con la organización de la Iglesia católica, con sus estructuras, con su relación con los instrumentos materiales o lo que tiene que ver con el dinero, sino también en general, con la forma y modo como está organizada la Iglesia, es decir, los déficits de formación religiosa —no solo de información religiosa, sino de formación religiosa— que más o menos arrastramos de tiempo y que repercuten enormemente. Ya no se tiene una clara idea de lo que es la Iglesia, de cual es su estructura de responsabilidades, su organización territorial, la organización de sus realidades comunitarias, asociativas, la distinción entre Iglesias locales o Iglesias diocesanas, es todo un complejo de realidad que se ve y se examina a la luz de experiencias más cercanas o más comunes, de otro tipo.

El dinero y los medios económicos de la Iglesia están en relación estricta con el ejercicio de su misión y con sus actividades centrales. La primera es el anuncio del Evangelio, por lo tanto, el ministerio al servicio de la palabra en todas sus facetas, que llegan hasta las de la educación primera y primaria de la fe y las que alcanzan también su desarrollo y su estudio en un contexto universitario como, por ejemplo, el del sistema de universidades de la Iglesia, y que alcanza de una manera muy central todo lo que tiene que ver con la vida litúrgica, los sacramentos, el culto, que tiene que ver por lo tanto con la vida de oración, y luego lo que tiene que ver con su servicio al amor al prójimo, servicios de caridad, de compromiso social, etc… La Iglesia no tiene
otro dinero para otra finalidad que no sea esa. La Iglesia la formamos personas con nuestra historia, la historia de cada ser humano que es historia afectada y tentada por el pecado y podemos pecar también en esto a la hora de hacer uso del dinero y de este dinero. Pero si hay alguna época en la historia de la Iglesia donde la relación entre medios, sobre todo patrimoniales y finalidad y servicios de la Iglesia, es rigurosa, estrecha y escasa, es ésta. Aplicando el caso a la Iglesia en España tenemos que decirlo con mayor fuerza. Incluso en casi toda la Iglesia en Europa no se puede olvidar que en torno a después de la Revolución Francesa, en torno a la gran expansión de las ideas revolucionarias a cargo de la época napoleónica en toda Europa y en todo el mundo, se produjo el famoso fenómeno de la desamortización, que dejó a la Iglesia en Europa sin medios propios. Todavía hoy, en Francia, la Iglesia no es siquiera ni propietaria de las catedrales: es el Estado.

Monseñor Rouco Varela ha explicado que la subvención económica que el Estado le da a la Iglesia la recibe la Conferencia Episcopal Española y lo recibe para la financiación o para lograr una retribución mínimamente digna de los sacerdotes del clero secular español, o de sacerdotes al servicio de la Iglesia en el contexto de la vida parroquial; por lo tanto, en el contexto que llega a todos los católicos y también de una forma mucho más secundaria e insuficiente, todo lo que tiene que ver con los elementos al servicio de la pastoral parroquial y pastoral diocesana, del culto, los servicios que tienen que ver con la educación y la fe y de una forma mínima a los centros e instituciones que tienen que ver con la formación de los sacerdotes.

En cuanto a la información emitida por la agencia Colpisa a propósito de la intervención que tuvo el pasado lunes en el comité ejecutivo del PP el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien dijo que había algunos puntos que tenían difícil defensa y que convenía estudiar qué argumentos se podían dar. Uno de ellos era el hecho de que el Sr. Rato dijo tener información de que algún obispado había tenido ingresos espectaculares y de difícil justificación, y que habrá gente que creerá que la Iglesia ha metido dinero en Gescartera para hacer un favor a determinadas personas del Gobierno a cambio de que el Gobierno mejores la subvención a la Iglesia católica, Monseñor Rouco Varela ha comentado: Habría que tener una información precisa sobre ese comentario y si no se tiene una información objetiva no se puede hacer ningún comentario. En cualquier caso, me parece que es una historia fantástica y no creo que ninguna diócesis ni ningún administrador diocesano piense que puede
mejorar las relaciones entre la Iglesia y el Estado en ese campo. No veo que esto tenga que ver con la verdad de los hechos y con lo que podríamos llamar la verdad de la relación Iglesia y medios económicos.

Es posible que se esté utilizando este caso para llegar más lejos y poner en entredicho a la propia Iglesia Católica y tampoco es nada extraño. La historia de la iglesia nos ha acostumbrado a las campañas de desprestigio, de desinformación y no por los pecados de los hombres de la Iglesia, sino por la Iglesia misma.

En cuanto al tratamiento informativo de los casos de los profesores que estaban impartiendo la clase de religión, el Cardenal Arzobispo de Madrid ha señalado que lo que a veces se olvida en ésto es que lo que está en juego es el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española. Aparece, también, el olvido del coste de 25 años de esfuerzo y compresión de todos, de esfuerzo de diseño jurídico de los derechos fundamentales, de las relaciones Iglesia-Estado y que supone un patrimonio que no se puede dilapidar; “los principios relacionados con el análisis de estos problemas y su solución yo creo que están clarísimos, en el fondo de su teoría filosófica o teológica o política, y están clarísimos también desde el punto de vista constitucional y del Derecho vigente”. Todavía hace dos años, el Tribunal Supremo emitió dos sentencias sobre el carácter de los contratos de los profesores de religión: en el año 81, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia sobre la ley del estatuto de centros de los gobiernos de UCD donde definía claramente lo que significaba para la escuela publica el ideario, las exigencias del ideario con respecto a la vida y a la doctrina de los profesores, no solo de religión, pero análogamente definió lo que suponía la presencia de la Iglesia a través de la clase de religión en los centros del Estado. También quedó claro que el Estado no es el sujeto monopolizador de la enseñanza y menos de la enseñanza religiosa y moral que es un asunto primario de los padres, y que los padres delegan en España de una forma muy expresa firmando todos los años si quieren o no quieren religión para sus hijos, y que eso no es asuntos del Estado y que el Estado tiene obligación de financiarlo. Todo este conjunto de principios, de ideas de valores tan esencialmente relacionadas con el bien común, con la esencia del
estado democrático, de pronto, en dos semanas, parece que ya no se conocen, no se aprecian, no se analizan con rigor.

El obispo propone todos los años las personas idóneas para enseñar la clase de religión. Lo que ha ocurrido este verano es rarísimo. Hay miles de profesores de religión en España que ejercen su tarea con sintonía y en comunión plena con la Iglesia; ese es el panorama general, la excepción es lo que ha ocurrido este verano y el eco que ha encontrado en los medios de comunicación. Nosotros no podemos hablar mal de los profesores de religión ni debemos porque responden lo mejor que saben y pueden a sus obligaciones. Otra cosa es el problema de la alternativa a la clase de religión que todavía está pendiente de solución. Confiamos en que esto se solucione a través de la ley de mejora de la calidad educativa. Estos grandes debate de opinión a veces tienen que ver con la esencia del problema porque puede haber grupos, personas, que lo que quieren es que al final desaparezca la clase de religión de las escuelas del Estado. Eso supondría un retroceso hondo y de graves consecuencias.

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