¿Una divorciada, reina?

Por Juan Antonio Estrada, teólogo, profesor de la Universidad de Granada, España.


Vivimos días de exaltación monárquica. La atractiva personalidad de la novia del príncipe Felipe recibe elogios por todas partes. Después de una larga espera, al fin el heredero decide contraer matrimonio, se produce una normalización y se encauza la línea sucesoria. La institución se consolida, el futuro se clarifica y se colma el ansia popular de personajes famosos con que identificarse. Si hay algo sagrado todavía en este país es la Corona, lo más intocable de nuestro sistema político, de ahí la importancia de la reacción popular. Parece una mujer preparada, con los pies en la tierra, con cultura y con mundo, con una profesión que permite captar los trasfondos políticos del poder, atractiva físicamente y simpática Es una personalidad agradable, incluso con sensibilidad humanista con los más débiles. Razón de más para alegrarse de la noticia.

Hay, sin embargo, dos peros. Es una plebeya y una divorciada. Lo primero parece importar poco a la mayoría del pueblo, que reedita en ella el cuento de la cenicienta. Además, después de tantos monarcas incompetentes como ha sufrido el pueblo español en su historia, parece una buena noticia que entre sangre nueva y que se rompa la endogamia de las casas reinantes, en las que casi todos son parientes. Otra cuestión es el divorcio. El tratamiento de los periódicos denota que esto preocupa. No es cuestión aquí de tratar las distintas reacciones, pero sí profundizar en una: ¿qué dicen los católicos en general y la jerarquía en particular? La reacción más frecuente ha sido de un paradójico alivio, el matrimonio civil no existe para la Iglesia, luego ni hay necesidad de anulación ni se pueden poner obstáculos al eclesiástico. ¿Es esto todo lo que hay que decir? ¿Es defendible esta postura sin más?

El matrimonio civil no es un concubinato ni un arrejuntamiento, ni algo sin importancia, sino algo muy serio. Durante los primeros mil años de cristianismo no había matrimonio religioso, ni la presencia del sacerdote era necesaria para que hubiera verdadero matrimonio y carácter sacramental. Los cónyuges son los ministros del matrimonio, no el cura, que originariamente era innecesario. El matrimonio civil es un compromiso público, permanente y personal de las personas, que era lo que inicialmente se exigía a un matrimonio para ser cristiano. Por eso, compararlo al concubinato es una afrenta y una ignorancia. Otra cosa es que cuando se instituye un matrimonio eclesiástico junto al civil se exija a los cristianos el segundo, siendo el primero canónicamente insuficiente. Pero ignorarlo o banalizarlo es una afrenta a la dignidad de tantas personas que no quieren contraer matrimonio eclesiástico, pero que desean un compromiso y reconocimiento público.

En este sentido, el que la probable reina de España esté divorciada supone una revalorización de la dignidad del matrimonio civil y un espaldarazo para personas cuyo primer matrimonio ha fracasado. El problema pastoral, eclesial y teológico de los divorciados aumenta en Occidente. Socialmente cada vez hay una mayor aceptación y connaturalidad ante el divorcio. El problema es para la jerarquía eclesiástica, que no ha sabido encontrar soluciones para católicos divorciados, como han hecho otras iglesias, algunas muy conservadoras, como las ortodoxas. Habría que buscar una síntesis entre la defensa del matrimonio como sacramento, la necesidad de soluciones pastorales para los católicos divorciados, cuyo número crece, y la evaluación de los católicos que contraen matrimonio civil, sin calificarlos sin más matices como pecadores públicos. Esto es lo que se plantea con el matrimonio de la novia del príncipe y ahí es donde se esperan respuestas y no silencios por parte de la jerarquía.

Un elemento más para la reflexión. Lo denigrante no es el matrimonio civil y el divorcio posterior. La pregunta es cuál es la concepción del matrimonio de los contrayentes. Si antes no se casó por la Iglesia, por las razones que sean, y hasta ahora no ha mostrado un cambio en sus creencias sobre el matrimonio, ¿es coherente que se dé el matrimonio eclesiástico? ¿Se casa así por razones políticas y de conveniencia, o por algo más? La gente se hace estas preguntas y conviene ser claros. No se puede juzgar las intenciones de las personas, pero sí evaluar el comportamiento institucional de la Iglesia.

El sacramento sólo debe darse a personas que creen en él, evitando silencios que son semilla de futuras anulaciones. Los cursillos pre-matrimoniales y la manifestación pública de un compromiso cristiano, parecen más obligados que nunca, si es que ambas partes solicitan el matrimonio. Si no es así, lo coherente sería que se contrajera matrimonio civil, el asumido en nuestro ordenamiento jurídico, respetando las divergentes concepciones del matrimonio. Este proceder respetaría la dignidad personal de todos los ciudadanos, creyentes o no. Si una parte es cristiana y la otra no, o no desea el matrimonio cristiano, habría que clarificar bajo qué condiciones se celebra el matrimonio eclesial y lo que la Iglesia exige a ambos contrayentes para realizarlo.

Todo esto tendría valor ejemplar para el pueblo, resultaría coherente con la doctrina oficial y sería un aval pastoral para los curas cuando rehusan los sacramentos a personas en situaciones eclesiásticamente irregulares. Claro que esto tendría un costo de imagen pública y sería impopular en muchos ambientes. Confrontaría a la Iglesia con las consecuencias sociales de su doctrina oficial y plantearía un debate sobre si el rigorismo, el laxismo o una tercera vía alternativa es lo más conveniente. Es innegable que crearía malestar político, pero España es un estado laico y no confesional. Mostraría que las exigencias son iguales para todos, monarcas incluidos.

(Diario de Cádiz, España. - 6 de noviembre de 2003).