Cárceles, reinserción y castigo - Educar para la libertad

“Si somos capaces de reciclar el vidrio, el latón y el plástico, ¿no podemos reciclar al ser humano?”. Son palabras de Francisco, un interno de la cárcel de Albolote, en Granada (España). La realidad, por el momento, es otra. Las cárceles españolas se cuentan entre las mejores del mundo, aunque eso no significa más que en otros países la situación es lamentable, dramática o miserable. Porque, con sus avances, el sistema penitenciario dista mucho de estar orientado hacia la "reeducación y la reinserción" para la que, según la Constitución española, está concebido.

A través del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, el Gobierno español ha invertido en la pasada década cerca de 630 millones de dólares en modernizar la infraestructura carcelaria. Prisiones como la de Carabanchel cerraron sus puertas por obsoletas y trasladaron sus internos hacia modernas instalaciones como Soto del Real, Albolote o Valdemoro. Son centros dotados de instalaciones deportivas, aulas y talleres, espacios comunes para el ocio, bibliotecas, etc. Buenas plataformas para "Educar desde la privación de libertad para la vida en libertad", tal como reza una máxima de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

En los más de setenta establecimientos penitenciarios españoles, conviven algo más de 45.000 presos. Alrededor del 10 % son mujeres. Unos 9.000 son extranjeros entre los que destacan la comunidad marroquí con más de 3.000 ciudadanos, los colombianos, unos 1.400, seguidos a distancia por argelinos, portugueses, franceses y un largo rosario de ciudadanos que no se han acogido al Convenio de Estrasburgo.

Varias carencias fundamentales hacen de la cárcel un espacio opresor en el que no se vislumbra un horizonte de esperanza. El primero y, quizás, con raíces más profundas, es la segregación del resto de la sociedad. La opacidad y los tabúes que envuelven al preso y los miedos que previenen al ciudadano de bien. Cada nueva cárcel que se construye va precedida de polémica por parte de los vecinos. Por eso, y por razones económicas, los centros penitenciarios de nueva construcción están situados a muchos kilómetros de la ciudad, muchas veces con un difícil acceso para familiares y amigos.

Falta un debate social sobre las drogas. Alrededor del 70% de los internos cumple condena por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) o contra el patrimonio (robos, atracos y hurtos). En ambos casos, las drogas son el factor que provoca la infracción. Los pequeños traficantes, consumidores a su vez de sustancias tóxicas, o los atracadores con síndrome de abstinencia y, por lo tanto, delincuentes compulsivos, son los que en mayor medida caen en manos de la policía. Abordar el problema social de las drogas significaría reducir el daño de éstas en cuanto factores de criminalidad. Se dan pasos importantes, aunque muy lentos, para introducir programas de desintoxicación en las prisiones. Pero las soluciones están fuera, en el parlamento, en los medios de comunicación, en las universidades… Si no, las víctimas seguirán asumiendo un papel de verdugos que no les corresponde.

Por otro lado, la seguridad, la guardia y la custodia vuelcan hacia su lado el fiel de la balanza. En el otro extremo, relegadas a un segundo plano, la formación, la educación, el trabajo, el aprendizaje para la libertad y para las relaciones humanas. La infraestructura existe, pero no el personal suficiente ni adecuado para poner en marcha un sistema educativo eficaz. En las decisiones que toman las Juntas de Tratamiento sobre concesión de permisos o clasificación penitenciaria pesan mucho más las "razones de seguridad" que las posibilidades de reinserción. Existe muy poco seguimiento y apoyo externo a los reclusos que salen en libertad, sólo el que hacen algunas asociaciones. Sin embargo, se miden con suma precisión las fugas y los quebrantamientos (cuando un preso no regresa de su permiso).

El Código Penal español prevé el cumplimiento en libertad de la última parte de la condena, siempre que lo autoricen las Juntas de Tratamiento o los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Sin embargo, no se dan las condiciones para que los más pobres, los desarraigados, los extranjeros sin familia, los enfermos graves sin hogar… puedan obtener esos beneficios reglamentados. Ni la administración ni las organizaciones humanitarias cuentan con dispositivos de acogida suficientes. Mientras no se pueda hacer extensiva la ley a todos los ciudadanos, la ley será mala. No valen las estadísticas. Como no valen a la hora de abordar el tema de los algo más de nueve mil presos preventivos. Con cierta frecuencia se repite la situación de internos que pasan más de un año en prisión y, cuando sale el juicio, resultan inocentes. La agilidad judicial evitaría la injusticia en ciudadanos concretos que desconocen cifras globales. Víctor, ciudadano colombiano, interrumpió su doctorado en Físicas durante los veintidós meses que estuvo preso. Al cabo de ellos, salió absuelto en el juicio.

La cárcel no es una institución al margen de la sociedad. Es un reflejo de ella y, de hecho, algunos estudiosos miran la calle en ese espejo invertido que es la prisión, una institución producto de decisiones generales. Raúl, interno argentino en Soto del Real, me decía hace pocas semanas: "Vos que sos periodista, decile a la gente que aquí tenemos dignidad". Y Antonio, compañero suyo, "dentro es como fuera, que no se engañe nadie".

Cristóbal Sánchez. Periodista de la ONG Solidarios
Solidarios para el Desarrollo (http://www.ucm.es/info/solidarios)